En esta obra el profesor Ramón Alfredo Aguilar aborda la búsqueda de soluciones para el controversial tema de la caracterización jurídico laboral de la prestación de servicios a través de plataformas digitales (transportistas públicos, tipo Uber, o repartidores o raiders, entre otros), dentro de la clásica separación binaria del Derecho del Trabajo: asalariados vs. autónomos. En torno a lo cual, plantea un amplio estudio de derecho comparado, revisando y analizando las soluciones legislativas y judiciales que han brindado diversos países y los criterios de doctrinarios especializados en la materia, exaltando una situación compleja, de criterios contrapuestos y soluciones disímiles y parciales. De su parte, y en lo que concierne a la caracterización, el autor propone la aplicación de la Recomendación R198 de la OIT y de otros indicios aportados por la jurisprudencia y legislaciones iberoamericanas, para delimitar la verdadera naturaleza de estos trabajadores, concluyendo -de manera general- en su autonomía. Sin perjuicio de reconocer que, siempre debe revisarse las características propias de cada caso concreto, para lo cual, precisamente, presenta un análisis pormenorizado de los diversos indicios o indicadores que conforman el denominado test de laboralidad. Al mismo tiempo, reflexiona sobre la insuficiencia de la caracterización para resolver los problemas que derivan de la vetustez de la clasificación binaria. Resaltando que la huida del Derecho del Trabajo ahora, no solo proviene de mecanismos defraudatorios, sino de auténticas formas atípicas y autónomas de trabajo, que reclaman la protección del Derecho del Trabajo y especialmente del Derecho de la Seguridad Social. De esta manera, se alerta sobre la necesaria revisión o replanteamiento del objeto del Derecho del Trabajo y la soslayada idea de universalización de la Seguridad Social, sugiriendo mecanismos idóneos para avanzar en este cometido. Para ello, se incluyen propuestas basadas en una visión pragmática, sin abandono de los preceptos normativos, como el diálogo social; el reconocimiento de nuevas formas de vinculación laboral (parasubordinados, autónomos económicamente dependientes, trabajadores digitales); garantías de libertad sindical o agremiación; la extensión de derechos para los autónomos en general; y otras garantías inherentes al mundo digital (reputación digital, algoritmos, etc.); que bien pudieran llevar a los países a unificar políticas públicas que permitan obtener mejores resultados que los alcanzados hasta ahora, en el ámbito de regulación y protección social de esta forma disruptiva de prestación de servicios personales. Se trata, en fin, de la adaptación de la dogmática y la práctica jurídica a las realidades sociales y económicas, resultantes de las nuevas tecnologías.
